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En los próximos post, se realiza una exposición entre los criterios de actuación que se utilizan en dos Comunidades Autónomas: Las Islas Canarias, que no dispone de legislación autonómica al respecto y La Comunidad Valenciana, que sí dispone de  legislación propia. Y seguidamente se estudiarán los pros y los contras de cada modelo.

La gran cantidad de ciudadanos afectados, la ambigüedad legislativa, el solape de competencias en medio ambiente entre las distintas Administraciones y el significativo impacto ambiental que puede generar este tipo de obras, hacen necesario que tanto las distintas Administraciones como las empresas de distribución eléctrica y los colectivos sociales, lleguen a un consenso previo respecto a la interpretación legal de cómo se llevará a cabo la ejecución de las obras. Convirtiéndose de esta forma, en corresponsables y copartícipes de las decisiones tomadas. Así, al estar involucrados desde el principio en la decisión tomada, se fomenta el conocer de primera mano las motivaciones que hacen que se ejecuten este tipo de obras de determinada forma, y así puedan transmitir esta información de la manera más correcta a sus administrados o representados.