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No existe una única norma de ámbito estatal que trate la cuestión de la ejecución de los mantenimientos vegetación próxima a las líneas eléctricas de forma específica y exhaustiva. Son normativas del sector forestal o del sector eléctrico las que tratan el tema siempre de forma colateral o accesorio. En la práctica se demuestra que no ha habido el suficiente diálogo entre las partes implicadas del sector ambiental y eléctrico a la hora de elaborar la normativa.

Uno de los casos más llamativos de esta situación es la falta de los más básicos criterios forestales y ambientales en la legislación de seguridad de las líneas eléctricas. Así se da el caso de que aplicar la legislación en lugares donde las líneas eléctricas transcurren por enclaves de alto valor ambiental supone la eliminación de hecho de ese valor ambiental. Es el caso por ejemplo, de las líneas localizadas en la Zona de Uso Restringido de la Reserva Natural Especial de El Brezal en la isla de Gran Canaria.

De la misma forma la inexistencia en la legislación en materia forestal y ambiental de ninguna referencia a las distancias de seguridad empleadas en los trabajos eléctricos en función de la tensión del conductor (p.e. 3 m para trabajar sin tensión en «media tensión»), hace que la aplicación de la legislación sea igual para tendidos de distinta tensión, a pesar de que los riesgos son muy distintos, pudiendo provocar graves impactos ambientales totalmente evitables.

Existen también prescripciones legales que en la práctica se demuestran contrarias al objetivo buscado por la ley. Así por ejemplo, siguiendo los preceptos legales[1] se llega a la situación de desbrozar vegetación de baja inflamabilidad (P.e. algunos arbustos de Monteverde[2]), fomentando la aparición de especies invasoras que por su menor porte y por sus características específicas poseen mucha mayor inflamabilidad (P.e. Rubus ulimfolius).