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La que denomino normativa canaria, no es más que una autorización particular (y sus sucesivas modificaciones) que la Administración  otorga a la empresa distribuidora. Y de ahí su punto fuerte, al ser una “simple” autorización se ha podido ir mejorando, con las sucesivas aprobaciones por parte de la Administración, a medida que en la obra iba avanzando y se iban encontrando los problemas.

Por ello, por ser relativamente dinámica y nacida del consenso de entre las partes, tiene un mayor grado de aplicabilidad que la valenciana, y además sus costes de ejecución son menores y produce un impacto ambiental menor.

Sin embargo,  por tratar de ser una norma fácilmente ejecutable y fiscalizable, se llega a simplificaciones que pueden tacharse de excesivas.

Así por ejemplo, se obvia la diferencias que existen entre las distancias de seguridad a aplicar en líneas de  distinta tensión. Y se opta por fijar para todos los casos la opción más conservadora: 5m, a costa de producir en algunos casos cierto impacto ambiental evitable. Si bien, en el caso particular de las islas Canarias, la diversidad de potencias de la red es bastante reducida y la potencia en sí, es siempre menor a 220kV, por lo que la diferencia entre las distancias de seguridad en el caso de una línea con una  tensión u otra, es bastante escasa.